Descripción de la editorial
En 1995, el Código Penal introdujo en nuestro ordenamiento jurídico que los jueces pudieran imponer, motivadamente, determinadas consecuencias accesorias como la clausura de una empresa, la disolución o suspensión de las actividades de una sociedad o la intervención para salvaguardar los derechos de los trabajadores de una empresa, etc.; una figura novedosa, prevista en el art. 129 del Código Penal, que este libro analiza, convirtiéndose en el primer estudio que se realiza en España sobre esta nueva vía de sanción. El autor dedica parte de la obra a estudiar el alcance de diversas resoluciones judiciales, especialmente, las relativas a la disolución, clausura de establecimientos o suspensión de actividades de organizaciones y partidos políticos; al análisis de otras figuras afines de nuestro Derecho Comparado y a las extensas propuestas de lege ferenda para su previsión en delitos donde no se contemplen estas medidas, o para la modificación y mejora de las previsiones actuales. Índice: Capítulo I. Los entes colectivos como sujetos del Derecho Penal. Su tratamiento en el Código Penal Capítulo II. La evolución histórico-legislativa de las consecuencias accesorias. Capítulo III. Naturaleza jurídica y fundamento de las consecuencias accesorias. su orientación político-criminal. Capítulo IV. Presupuestos de aplicación de las consecuencias accesorias. Capítulo V. Las consecuencias accesorias como medidas cautelares. Capítulo VI. El catálogo de consecuencias accesorias del artículo 129 del Código Penal. Capítulo VII. Estudio de los tipos de la parte especial y de la legislación penal especial donde sería recomendable de lege ferenda la introducción de consecuencias accesorias. Capítulo VIII. La responsabilidad civil derivada de delito. Especial consideración de las personas jurídicas y entes colectivos. Anexo jurisprudencial. Bibliografía.
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Las consecuencias accesorias del artículo 129 del Código Penal
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